Las alarmas han vuelto a encenderse en Europa. El Banco Espírito Santo, con un balance de 80.000 millones de euros, equivalente al 50% del PIB portugués, se ha desplomado en Bolsa y las agencias de rating le han puesto al borde del impago efectivo. El caso recuerda a Rumasa en los años setenta. Una familia poderosa con fuertes vinculaciones con el poder político, especialmente con el actual Gobierno de derechas que gobierna Portugal; con una potente corporación industrial, muy afectada por la depresión económica, donde el banco concentra muchos créditos. El mayor problema está en la corporación, que no nutre de flujo al holding que es propietario de las acciones del banco y que corre riesgo de impagar.
Las dudas en los mercados son varias: ¿Por qué este banco no fue rescatado con ayudas públicas en 2011? ¿Por qué la Troika dejó al país salir del rescate, casualmente antes de las elecciones europeas, sin tener la certeza de que sus bancos pasarían el estrés test? ¿Por qué el país ha emitido bonos de deuda pública que corren riesgo de impagar como pasó con las preferentes?
El banco es demasiado grande para caer, es incluso mayor que Bankia en 2012, que suponía el 30% del PIB español. La deuda pública de Portugal es 130% de PIB y es evidente que no tienen capacidad de asumir estos pasivos sin riesgo de colapsar su acceso a los mercados, como sucedió en 2011 cuando fueron rescatados.
Passos sigue el ejemplo de su amigo Rajoy cuando estalló la crisis de Bankia y su decisión es no hacer nada. Acaba de decir que no habrá dinero público para Espírito Santo. Esto nos retrotrae a la quiebra de Lehman en 2008 cuando Bush decidió dejarlo quebrar también un domingo como hoy.
Con la nueva directiva europea, antes de meter dinero público tienen que pagar accionistas, preferentistas y todos los que tienen deuda subordinada, como sucedió en Bankia en 2012. Pero si el Gobierno luso no está dispuesto a poner dinero público, el banco podría entrar en resolución y entonces pagarían bonistas y depositantes de más de 100.000 euros. Si no hay dinero suficiente para garantizar el resto de depósitos, el fondo de garantía portugués tendría que entrar y al final los contribuyentes pagarían.
Las primas de riesgo europeas no contemplan este escenario. Por lo tanto, este caso puede provocar otra crisis financiera y poner en riesgo la supuesta estabilidad financiera en toda Europa y, por lo tanto, en el mundo. Los inversores comprobarán que no hay unión bancaria y que en Europa está todo por hacer.
Rescatarlos tampoco es garantía de estabilidad financiera. Como pasó en España, los países tendrían que pasar la aprobación del rescate por sus parlamentos nacionales e imaginemos lo complicado que va a tener Merkel explicar que dejó a Portugal salir del rescate hace tan sólo unos meses, por pura estrategia electoral para ayudar a un Partido Popular amigo y no perder el control del parlamento europeo.
Como en 2012, los datos anticipan riesgo de recesión en la Eurozona y una crisis financiera acabaría de confirmarlo. Los datos de producción industrial de mayo han sido muy malos. Fuerte caída en Francia, Italia y el propio Portugal y Alemania y España se mantienen en tasas positivas pero con un crecimiento anémico.
A España nos pilla también en mal momento. Nuestra vinculación con Portugal es muy intensa, de comercio y financiera. Santander, BBVA y Popular tienen banco en el país vecino, con exposición a la deuda pública portuguesa, especialmente el Santander y el contagio sería inmediato. La prima de riesgo portuguesa ha subido 100 puntos básicos desde que comenzaron los problemas con Espírito Santo y la española ha llegado a subir 25 puntos básicos.
Además, nos pilla en uno de los momentos más vergonzosos para España desde la crisis de Bankia. Bruselas y Eurostat han abierto expediente a la Comunidad Valenciana ya que dudan de sus cuentas presentadas sobre déficit y sobre deuda pública. Las alarmas estallaron cuando Rajoy en 2011 irresponsablemente decidió aflorar el déficit oculto en comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, para culpar al gobierno anterior de todos los males de los recortes y subidas de impuestos que tenía pensado aplicar.
Ahora pagamos las consecuencias. Valencia es la comunidad más endeudada de España y tras la revisión de Eurostat todo es susceptible de empeorar. Están rescatados por el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y Hacienda y sus cuentas son supervisadas por la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), por el Tribunal de Cuentas, por el INE y por el Banco de España.
La sociedad española debería sacar lecciones de estas crisis, valorar la importancia de contar con organismos independientes del poder político y sacar del poder a gorrazos a gobiernos como el actual de Rajoy que ha lapidado la independencia de todas las instituciones claves del estado para eliminar cualquier crítica posible a sus políticas.
Este es el primer precedente desde la ocultación de déficit en Grecia en 2009, que sabemos como acabó. Supone un desprestigio brutal a nuestras instituciones, controladas por políticos del PP, que han sido incapaces de detectar estos problemas. Y han tenido que venir desde Bruselas a sacarnos los colores y destapar nuestras vergüenzas.
Si los mercados vuelven a poner el foco en España, en nuestra elevada y creciente deuda pública y externa, el desempleo, la pobreza y el riesgo de inestabilidad social, el riesgo de gobernabilidad tras las europeas, el de la independencia de Cataluña o el que partidos como Izquierda Unida y Podemos hablen en público de auditorías e impagos de deuda sin saber muy bien lo que dicen ni explicar a los ciudadanos y a sus votantes los efectos de estos experimentos, podrían provocar subidas de nuestra prima de riesgo, fuga de capitales, problemas de financiación de nuestros bancos, más restricción de crédito, recesión y aumento de la tasa de paro.
Veremos qué pasa en Portugal y cómo gestiona la Troika esta crisis. Mientras tanto, sé prudente querido lector. La situación sigue siendo de extrema vulnerabilidad y estamos gobernados por unos auténticos irresponsables que anteponen sus intereses personales y de su partido a los de la sociedad que les dio la confianza para gobernar.